El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe anual de derechos humanos en lo relativo a las detenciones arbitrarias, abusos a migrantes haitianos y personas negras en la República Dominicana, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, entre otros aspectos.
Afirma que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos y la impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular en la Policía Nacional y en la Dirección General de Migración (DGM).
Describe que entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos..
Destaca la grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.
“Según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico. Según los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta”, describe.
Explica que hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes y que durante una operación de interdicción migratoria en el área de Cap Cana, la policía y agentes de migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, mataron a Jean Modes Fontas e hirieron a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas.
“En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM (Dirección General de Migración), la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia”, relata.
“Los informes de malos tratos y violencia eran comunes, particularmente en las prisiones del viejo modelo, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de los visitantes de la prisión. Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles”, detalla.
Indica que durante las operaciones de detención y en los centros de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en detenciones arbitrarias.
“Esto dio lugar a una corrupción generalizada, incluida la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención”, puntualiza el informe.
“Estamos estudiando el informe y responderemos en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados”, refiere el funcionario.
‘No obstante, aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe, que no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”, continuó.
Enfatizó que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos e indicó que están dispuestos a dialogar constructivamente con sus amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área.
Estados Unidos establece que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos y que los altos funcionarios a menudo respondieron insistiendo en que las víctimas debían presentar denuncias formales.
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