Por: Rafael Ciprian
La modificación del Código de Trabajo
de la República Dominicana es una tarea que los empleadores tienen metida entre
ceja y ceja. Periódicamente plantean el tema como un asunto urgente de la
agenda nacional.
En la actualidad, luce una materia
que ni los empleadores ni los trabajadores ni el Estado han podido superar.
La modificación o no de la normativa
laboral es un problema de solución tripartita. Es muy complejo. Pone en juego
la paz pública, social y laboral.
Sabemos que el Estado está en la
obligación y el derecho de garantizar que las contradicciones entre empleadores
y trabajadores tengan soluciones consensuales y jurídicas, justas y necesarias.
Leer mas:https://www.ahoranoticiasrd.com/2024/03/barahona-senador-y-candidato-de-la.html
En otros tiempos, y por razones
políticas, ideológicas y geopolíticas, principalmente con la Guerra Fría, esas
contradicciones, eran irreconciliables, antagónicas, o sea, que solo se
resolvían con la eliminación de uno de los contendientes. Pero en nuestra
época, los problemas entre las fuerzas sociales de producción se reducen al
simple economicismo. Cada uno busca imponerse para sacar mayor provecho
económico. No se juega el poder político.
Obviamente, la consigna de “Proletarios del mundo, uníos” quedó en el
pasado.
El debate por la modificación del
Código de Trabajo nunca está fuera de foco. Vuelve a recrudecerse en los medios
de comunicación y en los corrillos judiciales.
Viendo el asunto sin pasión, nos
parece que los empleadores tienen vocación de suicidas. Están empecinados en
eliminar del Código de Trabajo derechos que son reconocidos taxativamente.
Por ejemplo, el preaviso y el auxilio
de cesantía. Están contemplados en los artículos 78 y 80 del Código de Trabajo.
Pero que están consagrados, en el criterio proteccionista de la especialidad de
la materia, de manera general en el artículo 62 de la Constitución. Nuestra
Jurisprudencia los protege, tanto del Tribunal Constitucional, con sus
precedentes; la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Trabajo y los
tribunales de trabajo de primer grado.
La vocación suicida de los
empleadores se manifiesta en que no se dan cuenta que eliminar el preaviso y el
auxilio de cesantía, que son garantías y ahorros de los trabajadores, destapan
una caja de Pandora que a muchos los puede llevar a la ruina.
Asombra que no se den cuenta. Si
eliminan esos derechos de los trabajadores, que constan en la ley, esto es, que
los jueces están limitados a reconocerlos en el monto de dinero preestablecido
en la norma, dejan a esos jueces en libertad de fijar montos millonarios o
insospechados, cuando el empleador incurra en faltas legales frente al contrato
de trabajo.
Hoy aplicamos indemnizaciones por
daños y perjuicios con cantidades irrisorias. Eso podría cambiar, como en
civil, si se sueltan las amarras.
