100 MIL PESOS PARA SER PRECANDIDATO A DIPUTADO EN EL PRM, PARA SER ELEGIDO POR “ENCUESTA” (SIN NINGUNA GARANTÍA DE UN PROCESO TRANSPARENTE NI DEMOCRÁTICO)


El elevado costo de inscripción a la precandidatura se convierte en un obstáculo significativo para aquellos aspirantes provenientes de sectores más vulnerables de la sociedad (los wawawa, mientras los popis que lo tienen todo van mas fácil).

La falta de recursos económicos podría limitar su capacidad para participar de miembros de la base del PRM, en el proceso político y ejercer su derecho a postularse como representantes del pueblo. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la inclusión en la selección de candidatos.


Además, se cuestiona la validez y transparencia de las encuestas internas propuestas por la cúpula del PRM. La preocupación radica en que este tipo de mecanismos podrían ser susceptibles a manipulación y no reflejar fielmente la voluntad de los miembros de base.

 

La demanda de primarias con padrón cerrado, impulsada por la base del partido, busca garantizar una elección más democrática y legítima, donde cada afiliado tenga la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera justa y transparente.

 

El cobro exorbitante de 100 mil pesos para la inscripción a la precandidatura en el PRM plantea serias preocupaciones sobre la igualdad de oportunidades y el acceso a la participación política.


La exclusión de precandidatos de origen humilde debido a su falta de recursos económicos socava los principios democráticos y la representatividad en el proceso político.


Asimismo, la resistencia de la cúpula del partido a implementar primarias con padrón cerrado alimenta la percepción de una brecha entre la dirigencia y la base.


Es esencial que los partidos políticos promuevan mecanismos inclusivos, transparentes y equitativos para la selección de sus candidatos.

 

El debate en torno a la inscripción y el método de selección de precandidatos en el PRM refleja la necesidad de reformas que fortalezcan la participación ciudadana y preserven la confianza en el sistema político.


Solo así se podrán garantizar procesos electorales justos y representativos que reflejen verdaderamente la voluntad popular.


La pregunta final es: ¿Es esto legal o anti-constitucional?


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